Carabineros impide marcha de la CUT por reajuste al salario mínimo

Mediante carros lanzagua, gases lacrimógenos y policía montada, Carabineros abortó la marcha que la Central Unitaria de Trabajadores y distintas organizaciones sociales habían convocado. La manifestación buscaba entregar una carta en La Moneda para exigir que el reajuste al salario mínimo sea de 250 mil pesos.

Se esperaba que fuera una jornada donde las organizaciones sindicales, trabajadores y estudiantes manifestaran su postura respecto de la propuesta que hizo el Gobierno para reajustar el salario mínimo mensual.

Sin embargo, pese a que se trataba de una convocatoria de carácter pacífico y a la que no concurrió un gran número de asistentes, se pudo apreciar que efectivos de Carabineros actuaron de forma anticipada.

La acción de las fuerzas policiales produjo enfrentamientos, ya que Carabineros hizo uso de diferentes elementos disuasivos, como carros lanzagua y gases lacrimógenos, dispersando a quienes tenían la voluntad de marchar por un sector de la principal avenida de la capital.

Al respecto, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), Raúl de la Puente, sostuvo que no solo es “abusivo lo que el Gobierno hace con este proyecto de ley de 193 mil pesos como salario mínimo que no puede vivir nadie con él”, sino que “además cuando los trabajadores protestan por este salario mínimo les envíe la fuerza pública a un grupo que lo único que quería era expresarse en contra de este reajuste, que es una vergüenza que el Gobierno quiera implementar”.

En este sentido, la observadora de Derechos Humanos, Catalina Gallardo, relató que “en el momento en que se inicia la marcha, los carabineros hicieron una barrera de contención en Tucapel Jiménez, donde no dejaron pasar a las personas y enseguida llegaron con carros lanzaaguas, bombas lacrimógenas y actuaron con una brutalidad gigantesca”.

Gallardo denunció que durante el enfrentamiento entre manifestantes y la policía “hubo una persona herida que se la llevaron de todas formas, ellos le pegaron un palo en la cabeza”. “Es vergonzoso el actuar de Carabineros, ha sido un acto de represión gigante”, concluyó.

En relación a los motivos que originaron la movilización, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, y eventual candidato a la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Cristián Cuevas, indicó que el debate por reajuste del salario mínimo en el Parlamento “es un debate de las elites políticas, donde los trabajadores no estamos con la fuerza que quisiéramos. En todos los países de América Latina se ha incrementado el salario por sobre el 23 por ciento y Chile es el único país en que este salario no aumenta y es regresivo y no se condice con las grandes utilidades y ganancias que tienen las grandes empresas y trasnacionales”.

Consultado por la baja convocatoria que tuvo la marcha de la multisindical, Cuevas responsabilizó a la falta de representación que actualmente tiene la CUT: “aquí el conjunto de las organizaciones del sector público y privado tendremos que hacer esa propia reflexión y, sobre todo, superar una situación de mayor convocatoria y eso requiere de una disposición distinta. Es falta de conducción y de que la gente se sienta representado por quien convoca”, señaló.

En tanto, la presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, Dafne Concha, señaló a Radio Universidad de Chile que “nosotros veníamos con el lienzo de la Mesa Social para Un Nuevo Chile y como padres y apoderados teníamos que estar presentes, porque la familia chilena se ve afectada por el salario mínimo, ya que pedir 250 mil pesos como base nos parece, más que una necesidad, una dignidad”.

En relación con la intervención de Carabineros en la marcha, la dirigenta afirmó que “cuando estamos manifestándonos de manera pacífica y se había interpuesto un recurso de protección ante la negativa de la Intendencia de autorizar la marcha, que sólo iba a ocupar el bandejón entre Los Héroes y La Moneda para entregar una carta, vemos el actuar de Carabineros absolutamente desmedido con carros lanzaaguas por ambos lados y nos empezaron a arrinconar. Esas son las formas de este Gobierno, esa es la forma de gobernar que tienen e imponen sus medidas, no importa si es a sangre y fuego”.

Finalmente, dirigentes sindicales insistieron en solicitar un reajuste del salario mínimo hasta los 250 mil pesos y señalaron que incluso se podría convocar a un paro general que se está coordinando entre distintas organizaciones de trabajadores.

Larraín por salario mínimo: “La cifra que hemos planteado es la que permanece”

El Gobierno busca destrabar la discusión por el salario mínimo, presentando un proyecto de ley que creará un mecanismo que se encargue de efectuar futuros reajustes. Sin embargo, se aseguró que la cifra propuesta no se modificará. Para los especialistas, en tanto, la solución a este problema pasa por fortalecer la negociación colectiva.

El Gobierno anunció que presentará al parlamento un proyecto de ley que permitirá crear una institucionalidad permanente que calcule futuros reajustes al sueldo mínimo de Chile.

Iniciativa que, además, busca destrabar la discusión del salarió base para el próximo periodo, luego que la oposición y Renovación Nacional rechazaran la propuesta entregada por el Ejecutivo, que fija el monto en 193 mil pesos.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, llamó a los parlamentarios a tener buena voluntad y aprobar la propuesta del gobierno, la que no se modificará pese al rechazo que ha suscitado. “Indudablemente que esto ayuda a destrabar la discusión, pero nosotros vamos a esperar también una buena o voluntad, porque al final no podemos seguir jugando con los ingresos de los que tienen menos, la cifra que hemos planteado es la que permanece”, aseguró.

Si bien,  no se entregaron mayores detalles del mecanismo que se utilizará para calcular el reajuste al salario mínimo, si se adelantó que contemplará tres factores: inflación, productividad y “realidad” del ciclo económico.

Para el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, no se puede pensar en mecanismo, sino se adecúa el sueldo base a la realidad económica de nuestro país: ““El salario mínimo hoy solo cubre un 65, 66 por ciento de la línea de la pobreza familiar, eso es un primer paso que deberíamos poner en el debate. Es un mini salario mínimo y hay que  ver cómo hacemos para subirlo, para que esté acorde a nuestra realidad económica y luego discutir estas formulas de ajuste automático que quiere el Gobierno para que no todos los años hayan estas discusiones”, dijo.

El economista sostuvo que la fórmula ideal para calcular la cifra del sueldo mínimo es, a través de una negociación colectiva nacional que permita, entre otras cosas, la posibilidad de realizar una huelga general a nivel país y negociar directamente con el Estado y las empresas un monto,

Aunque, Duran,  agregó que para lograr eso, primero hay que potenciar la negociación colectiva en Chile, pues “aquí la negociación colectiva es algo que está botado en el patrio trasero de Chile, ahí también hay una deuda con los trabajadores: cómo el sistema laboral se transforma de manera en que los trabajadores tengan más poder que es lo que hoy falta”, indicó.

En tanto, el diputado RN y presidente de la Cámara de diputados, Nicolás Monckeberg, afirmó que pese a lo expresado por su partido, su posición es de apoyar la propuesta del Gobierno.

Según la legislación chilena, el reajuste al salario mínimo debería entrar en vigencia el próximo uno de julio, pero al ser retroactivo, hay plazo hasta el último día hábil del próximo mes para resolverlo.

Larraín por salario mínimo: “La cifra que hemos planteado es la que permanece”

El Gobierno busca destrabar la discusión por el salario mínimo, presentando un proyecto de ley que creará un mecanismo que se encargue de efectuar futuros reajustes. Sin embargo, se aseguró que la cifra propuesta no se modificará. Para los especialistas, en tanto, la solución a este problema pasa por fortalecer la negociación colectiva.

El Gobierno anunció que presentará al parlamento un proyecto de ley que permitirá crear una institucionalidad permanente que calcule futuros reajustes al sueldo mínimo de Chile.

Iniciativa que, además, busca destrabar la discusión del salarió base para el próximo periodo, luego que la oposición y Renovación Nacional rechazaran la propuesta entregada por el Ejecutivo, que fija el monto en 193 mil pesos.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, llamó a los parlamentarios a tener buena voluntad y aprobar la propuesta del gobierno, la que no se modificará pese al rechazo que ha suscitado. “Indudablemente que esto ayuda a destrabar la discusión, pero nosotros vamos a esperar también una buena o voluntad, porque al final no podemos seguir jugando con los ingresos de los que tienen menos, la cifra que hemos planteado es la que permanece”, aseguró.

Si bien,  no se entregaron mayores detalles del mecanismo que se utilizará para calcular el reajuste al salario mínimo, si se adelantó que contemplará tres factores: inflación, productividad y “realidad” del ciclo económico.

Para el economista de la Fundación Sol, Gonzalo Durán, no se puede pensar en mecanismo, sino se adecúa el sueldo base a la realidad económica de nuestro país: ““El salario mínimo hoy solo cubre un 65, 66 por ciento de la línea de la pobreza familiar, eso es un primer paso que deberíamos poner en el debate. Es un mini salario mínimo y hay que  ver cómo hacemos para subirlo, para que esté acorde a nuestra realidad económica y luego discutir estas formulas de ajuste automático que quiere el Gobierno para que no todos los años hayan estas discusiones”, dijo.

El economista sostuvo que la fórmula ideal para calcular la cifra del sueldo mínimo es, a través de una negociación colectiva nacional que permita, entre otras cosas, la posibilidad de realizar una huelga general a nivel país y negociar directamente con el Estado y las empresas un monto,

Aunque, Duran,  agregó que para lograr eso, primero hay que potenciar la negociación colectiva en Chile, pues “aquí la negociación colectiva es algo que está botado en el patrio trasero de Chile, ahí también hay una deuda con los trabajadores: cómo el sistema laboral se transforma de manera en que los trabajadores tengan más poder que es lo que hoy falta”, indicó.

En tanto, el diputado RN y presidente de la Cámara de diputados, Nicolás Monckeberg, afirmó que pese a lo expresado por su partido, su posición es de apoyar la propuesta del Gobierno.

Según la legislación chilena, el reajuste al salario mínimo debería entrar en vigencia el próximo uno de julio, pero al ser retroactivo, hay plazo hasta el último día hábil del próximo mes para resolverlo.

Los empresarios salen al pizarrón: Prácticas antisindicales son duramente criticadas y algunas empresas incluso son acusadas judicialmente

No han pasado de moda y así lo ratificó el último fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, que condenó por esta causa a la empresa multinacional Starbucks Coffee Chile a pagar 11 millones de pesos de multa, ya que intervino en un proceso de negociación colectiva, y… a tomar clases de sindicalismo.
Las prácticas antisindicales siguen siendo parte de la vida de los trabajadores, quienes muchas veces no hacen las denuncias por temor a perder sus trabajos. Es, especialmente en este punto, donde radica la fuerza de los empresarios. Aún así, sólo en el primer semestre de este año 75 empresas fueron sancionadas por los tribunales laborales por incurrir en estas ilegalidades, según información proporcionada por la Dirección de Trabajo.
El caso más singular últimamente es el de Starbucks, en que un fallo judicial obliga a la compañía a realizar a los gerentes, dentro de un plazo de seis meses, una capacitación de al menos 12 horas sobre la “libertad sindical”. Ésta debe estar a cargo de un profesor universitario de Derecho del Trabajo, que tenga alguna publicación o especialidad en Derecho Colectivo.

El diputado Tucapel Jiménez (PPD) asegura que “la cantidad de empresas que ejercen prácticas antisindicales es mucho mayor que las 75 que se publicaron. Hay trabajadores que no denuncian, hay muchos que no se pueden asociar a un sindicato y que nunca denuncian este tipo de prácticas”.

“Este no es un tema nuevo. Viene sucediendo por muchos años en Chile. Y nosotros, más que lamentarnos, hoy lo que deberíamos hacer es legislar sobre la materia. Sabemos perfectamente que son muchas las empresas que hacen prácticas antisindicales, que amedrentan a los trabajadores para que no entren al sindicato, que despiden a dirigentes con fuero sindical. Son prácticas día a día. Lo que tenemos que hacer es primero legislar para el presente, elevar las multas, porque son irrisorias. Hoy las empresas pagan la multa sin ningún problema y siguen haciendo este tipo de prácticas”, comenta el integrante de la Comisión de Trabajo a Cambio21.

Lo importante es la reforma laboral

Según Jiménez, se necesita un cambio cultural profundo en los empresarios, ya que ellos tienen que internalizar que para los trabajadores es necesario sindicalizarse. “La empresa tiene que entender que los sindicatos son necesarios, que el crecimiento o desarrollo de cualquier empresa tiene que ser de la mano de los trabajadores, no en contra de ellos, y ellos tienen el legítimo derecho de asociarse en un sindicato. Por lo tanto, merecen todo el respeto. Ese es un cambio cultural que yo no sé cuánto tiempo va a tomar en Chile. Hay empresas que son muy buenas, pero hay otras que no han aprendido ni entienden lo que significan los trabajadores”, precisa.

A juicio del diputado, entre las medidas que deberían aplicarse en un futuro cercano está aumentar la fiscalización para el presente y eso significa inyectar más recursos a la Dirección del Trabajo, para que pueda fiscalizar. También menciona elevar el monto de las multas.

“Lo que se necesita en Chile es una gran reforma laboral que aborde estos temas, negociación colectiva, todas las demandas laborales, para que de una vez por todas el país empiece a terminar con las desigualdades. Yo creo que ese es el problema de fondo hoy: la desigualdad que existe en el país y la imposibilidad que tienen los trabajadores de negociar colectivamente para hacer valer sus demandas”, puntualiza el diputado.

No existe negociación limpia

La fuerza de trabajo en el país es de alrededor de siete millones de personas, de las cuales, según las últimas cifras de la Dirección del Trabajo, el 13,9% está sindicalizado.

En opinión de Cristián Paiva, economista de la Fundación Instituto Estudios Laborales de la CUT, ese número es muy bajo. “Pero si empezamos a desmembrar un poco las cifras, de estos siete millones tenemos que la pequeña y mediana industria en Chile tiene más o menos el 80% de los empleos y estas empresas tienen en promedio menos de diez trabajadores y las pequeñas tiene dos o tres. El 80% de siete millones viene a ser 5 millones 600 mil y me queda un millón 400 mil trabajadores posibles de sindicalizar. Le ley dice que tú puedes formar un sindicato con un mínimo de ocho personas. En todas esas pequeñas y medianas empresas es imposible sindicalizar a esos trabajadores, porque están impedidos por la ley. Por lo tanto, la sindicalización de trabajadores en Chile redunda más o menos entre 1.600.000 a dos millones que son posibles de sindicalizar, y si revisamos ese 13.9 % la cifra sube bastante. Podríamos decir que la sindicalización en Chile es positiva, es buena, es alta para aquellos trabajadores que se pueden sindicalizar”.

Paiva explica a Cambio21 que concuerda en que las prácticas antisindicales en Chile “son históricas después de la dictadura. Porque los empresarios se han creído siempre que tienen una defensa, la única defensa que es la obsesión, la presión. Realmente son soldados del capitalismo”, asevera.

Como asesor de sindicatos en período de negociación colectiva afirma que “actualmente es imposible tener una negociación sin que existan presiones antisindicales. Ninguna negociación colectiva ha sido limpia. Hay un grupo que no sabe lo que es una práctica antisindical, o sea, es por desconocimiento. Pero otros lo hacen abiertamente, sabiendo lo que son porque, total, no les va a pasar nada. Les cobrarán una multa, y ¿cuánto sale? Nada”, reflexiona el economista.

“La forma de apagar este tipo de cosas es abriendo la negociación real, o sea, por sectores, por ramas, sacándola de las cuatro paredes de la empresa. Hoy por hoy, como está la negociación, eso va a seguir ocurriendo. Lo aseguro”, recalca.
Sindicalismo es rudimentario

Paiva agrega que el actuar de los empresarios también “tiene que ver mucho con el poder de los sindicatos. Una crítica al sindicalismo chileno es que aún sigue siendo muy rudimentario, no hay una profesionalización de ello. Entonces, por eso ocurre este tipo de cosas”.

Algunas de las prácticas en las que más incurren las empresas y por las que han sido multadas son el despido de trabajadores con fuero sindical, conductas para debilitar u obstaculizar el funcionamiento de un sindicato, hostigamiento a dirigentes y la discriminación a quienes se afilien a estos movimientos, entre otras.

Por su parte la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) valora la resolución judicial de casos como el de Starbucks. Para el presidente de la CUT, Arturo Martínez, lo que falta por hacer es cambiar el fondo y aumentar las multas para evitar este tipo de prácticas. Una de las medidas que pide aplicar es que la entidad infractora quede fuera de procesos de licitación pública por dos años.

Según Martínez, las cifras sobre prácticas antisindicales no reflejan la realidad, dado que contemplan sólo a las compañías que cuentan con sindicatos. “Esta cifra hay que multiplicarla por una ene cantidad de empresas donde no hay sindicato, cosa que la directora del Trabajo oculta o no dice”, recalca.

El dirigente agrega que “en Chile no hay libertad sindical. En nuestro país hay un Estado que ampara la persecución sindical, porque a estas empresas no se les sanciona debidamente; las empresas pagan la multa y siguen violando la ley”.

“La inequidad se acaba con sueldos fijos dignos”

“La inequidad social no se va a terminar en este país mientras no haya una real negociación colectiva, una posibilidad cierta, libre, sin hostigamiento, de poder negociar colectivamente de parte de los trabajadores. O sea, esta idea de que la inequidad se termina o se acorta vía subsidios no da más. La inequidad se corta con sueldos dignos, no con ingresos familiares éticos, ni ingresos familiares dignos. ¡No señor!, con ingresos remuneracionales, con el producto de mi trabajo digno”.

Así de tajante es la ex directora del Trabajo Patricia Silva, quien parte por precisar también que “el tema de las prácticas antisindicales es uno de los principales obstáculos que tiene el diálogo social que debería existir en el ámbito laboral”.
“Son un verdadero atentado contra garantías fundamentales básicas, como la libertad sindical, que comprende el derecho a organizarse y participar libremente y sin presión alguna en una organización de trabajadores y también a negociar colectivamente”, comenta la abogada a Cambio21.

Mejores herramientas

Según explica, en nuestro ordenamiento jurídico se ha avanzado en cuanto a herramientas legales para efecto de que los tribunales primero tengan una herramienta más eficiente para poder investigar, conocer los antecedentes y luego fallar en el marco del nuevo sistema de justicia laboral que, “la verdad que es un sistema que ha operado muy bien, ha cumplido el objetivo que se tuvo en vista cuando se diseñó y se implementó”.

Patricia Silva afirma que “hoy hay un procedimiento claro donde se puede hacer una denuncia. El tribunal tiene un procedimiento especial, lo tiene tipificado, o sea, hay una clara expresión del Estado de Chile, a través de sus leyes, de que rechaza la conducta antisindical, la práctica desleal en el proceso de negociación colectiva”.

La abogada laboralista puntualiza que “la responsabilidad social empresarial número uno de las empresas es con las condiciones laborales de mis trabajadores, respetar sus derechos individuales y colectivos y, por lo tanto, enfrentar las negociaciones limpiamente, reconociendo al otro como contraparte en un proceso especial y altamente sensible, como es la negociación colectiva”.

Las sanciones que existen hoy se pueden categorizar en tres: la multa -cuyo “impacto patrimonial es nulo”- excluir a la empresa de la lista de proveedores del Estado, que es Chile Compra -“eso les afecta”-, y sanciones reparatorias a la propia organización afectada.

Subir los costos

Otro aspecto que destaca la ex directora del Trabajo que podría servir en el tema de las sanciones es que, en el fallo, los jueces pudieran aumentar algunos puntos porcentuales al resultado de la negociación si se constata que hubo práctica antisindical en el proceso de negociación. “Estoy segura que si el juez pudiera subir el costo de esa plantilla por una práctica desleal a la negociación por parte del empleador, se cuidarían mucho más”.

La abogada señala que la reforma laboral es un tema antiguo, los diagnósticos están más que claros y no se ha hecho nada. En cuanto a la negociación colectiva, “el derecho de reemplazo en el caso de huelga es romper con la única herramienta que tienen los trabajadores para presionar y poder lograr un incremento mayor a lo que ofrece el empleador. Hay una mala normativa de negociación colectiva. Basta de diagnósticos: que se haga una reforma a la negociación colectiva. Proyectos ha habido muchos, pero han dormido en La Moneda”.

Los 75 de la lista

Dentro de la lista de empresas condenadas por tribunales por prácticas antisindicales aparece con un castigo por 11,5 millones de pesos Disal Chile Sanitarios Portables S.A., por “actos de hostigamiento contra la organización sindical, despido de socios y actos de injerencia”.

Otros sancionados son la AFP Provida y los operadores de Transantiago Redbus, Gran Santiago, Subus y Buses Metropolitana. La justicia también falló en contra del Colegio Médico, el supermercado Líder de Valdivia, Banco Falabella, el Servicio de Salud Metropolitano Occidente, la Corporación Municipal de Ancud, el Stadio Italiano y la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú, entre otras.

Además figuran las empresas mineras Xstrata y Meridian; embotelladora Coca-Cola, Polar La Serena; el ex futbolista Javier Margas; Calzados Guante; Opticas GMO; pinturas Sipa, y Watt’s.

Además, se contabiliza el sindicato Nº1 de Madeco, que fue sancionado por prácticas antisindicales con dos dirigentes de la organización.

La crisis del modelo chileno

El orden neoliberal se tambalea a lo largo del mundo y las crisis de las instituciones dominantes es casi completa en el corazón de la vieja Europa, mientras Estados Unidos todavía maniobra para salvar a su banca, en medio de un mar de desempleo, y la China sufre el impacto del primer frenazo de su economía en más de 30 años.

Pero en América Latina el mercado libre todavía goza de buena salud. Las economías privatizadas y abiertas siguen creciendo y aún los gobiernos de izquierda del subcontinente no se meten a fondo con el modelo que cuestionaban y limitan su propuesta a hacerlo más inclusivo.

Es verdad que hay mucho de ilusión exportadora en todo esto. Pero por ahora la mayoría de los pueblos están más interesados en políticas redistributivas que en cambios estructurales. Eso ocurre en cadi todos los países, menos uno. Precisamente en el primero que apostó a la liberalización y se convirtió en el modelo que las derechas latinoamericanas quería importar para sus propios países.

Ese país es Chile, el que comenzó la contrarreforma de su sistema económico a mediados de los años 70, como una secuela del golpe militar, cambiando una historia que hasta entonces había colocado a la economía sureña como una de las más “cepalinas” de América del Sur, lo que quería decir en el lenguaje de la época industrialista, proteccionista y con fuerte intervención del Estado.
Pinochet ordenó matar la industria chilena por demasiado cara, abrir el país para que entrara todo lo extranjero, apoyar con todo al sector primario exportador y a los productos semielaborados (agroindustria, forestales, pesca), y reducir el tamaño y la participación económica del Estado.

Todo esto apuntaba teóricamente a una mejor división del trabajo entre la inversión privada encargada de lo económico y lo público orientado a lo social. Pero muy rápidamente todo lo social se volvió económico en lo que tenía de negocio y se reservó la acción pública al segmento de la sociedad que no podía pagarse por si solo el acceso a los bienes sociales como la educación, la salud, el agua potable y otras.

El sistema chileno logró perfeccionar poco a poco la aplicación del principio de que todo se paga y no hay lonche gratis. Así el que recibía una prestación estatal, por ejemplo una beca de estudios, la tenía que repagar cuando estuviera insertado en la economía. Estos conceptos rebotaron hacia los países vecinos, pero nadie logró aplicarlos con la meticulosidad y coherencia que les impuso la dictadura chilena, que gobernaba con una pistola en la nuca de los ciudadanos.

En 1988, un referéndum armado para prorrogar a la dictadura, se le volteó a sus convocantes y los obligó a un retiro inesperado, cuando ´las resistencias de la calle todavía eran débiles y el poder del militarismo chileno aliado de la tecnocracia neoliberal, y asentado en la derrota de las izquierdas estaba básicamente intacto.

Pero el mismo acto del referéndum estaba amarrado tramposamente a otro resultado ya que el sólo acto de votar significaba aceptar la validez de la constitución pinochetista y la continuidad de las instituciones dictatoriales. Así la coalición de partidos democráticos que se impuso al régimen y obligó al general a replegarse a sus cuarteles, preparando su inevitable retiro, terminó aceptando unas reglas que mantuvo básicamente intactas durante 20 años y que fueron determinantes para su desgaste y su final derrota en las elecciones del 2010.

Elegido Piñera, podía haberse dicho que el modelo estaba más fuerte y que la Concertación y el pinochetismo habían consolidado un sistema de alternancia para que las cosas permanezcan básicamente igual, como sucede en Estados Unidos. Los demócratas se habían hecho más neoliberales e institucionales que lo que se hubiera esperado de ellos, y los herederos de la dictadura más dispuestos a jugar en la regla electoral controlada de lo que creían algunos.

Todo esto hasta la rebelión estudiantil que nadie anticipó.

¿Cuál es el meollo de la protesta? Nada menos que la naturaleza mercantilista e individualista del mecanismo educativo que lo torna discriminatorio, elitista y usurero. Y aunque no pareciera a primera vista, esta crítica está tocando el meollo del sistema vigente durante tres décadas.

Lo que no se pudo decir contra la inmensa cadena de TLC que han hecho de Chile el campeón del mundo en apertura de mercado; o contra el libre movimiento de capitales que ha expandido a la burguesía mapocha por varios países de América Latina; y ni siquiera contra las normas laborales que han fortalecido la posición del capital frente al trabajo; se ha afirmado contra la estructura educativa que es la que provee de fuerza de trabajo a la economía neoliberal.

Precisamente los chicos chilenos se han dado cuenta que ellos son meros peones de un juego de grandes intereses y se han alzado contra esta anulación de sus aspiración a ser actores del desarrollo de su país. La consigna de educación gratuita t de calidad, que equivale a decir señores ricos paguen sus impuestos para que la educación sea un derecho de todos, subraya la idea de que el neoliberalismo ya tocó un límite.

Pero si se ve más allá se descubrirá que los estudiantes han dejado de estar solos y los acompañan sus padres, sus maestros, los trabajadores y el país entero. La reforma que la concertación no quiso hacer y que al pinochetismo reciclado le parece una aberración, ha unido hasta ahora al 80% de la sociedad chilena, como no había ocurrido nunca antes.

Por eso se entiende que en el único país de esta parte del mundo en el que ya están activos los primeros indignados sea el mismo que empezó el viraje a la derecha que todos hemos sentido en la carne. Anuncios de nuevos tiempo.

El estandarte de la desigualdad en Chile

Uno de los sectores donde pueden apreciarse con mayor nitidez los altos índices de inequidad detectados en Chile por la OCDE es en la industria del retail. Mientras algunos de los conglomerados más importantes de esta industria generan utilidades por sobre los 400 millones de dólares, los trabajadores tienen sueldos que no superan los 300 mil pesos. Un escenario que se ve agravado por la escasa negociación colectiva y permisivas leyes laborales.
Los resultados del último informe entregado por la OCDE, que situó a Chile como el país más desigual dentro de la organización no fueron una sorpresa para nadie. De hecho, en industrias como el comercio minorista, estas diferencias son pan de cada día cuando se comparan las enormes ganancias de las empresas con los ínfimos salarios que reciben los trabajadores.
Si se considera a los principales holdings del retail, nos encontramos con que sólo durante el primer semestre de 2011 las utilidades de Ripley Corp se incrementaron en más de un 300 por ciento en relación al mismo periodo durante el 2010 alcanzando los 256 millones de dólares. Falabella, en tanto, informó que al término del primer semestre de este año había ganado 436 millones de dólares, es decir un 25, 8 por ciento más que en 2010.
Finalmente, Cencosud reportó utilidades netas que superan los 260 millones de dólares en durante la primera parte de este año. En el caso de esta última, su dueño Horst Paulmann, duplicó su fortuna personal en sólo un año, acumulando un capital de más de 10 mil millones de dólares.

Sin embargo, todas estas auspiciosas cifras no se han traducido en mejoras salariales para sus empleados, tal como lcomentó el dirigente de Ripley y vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Comercio (Confescove), Leandro Cortés.

“Como las empresas del retail han tenido grandes utilidades esto no se ve reflejado en la repartición justa a sus trabajadores por ejemplo con el pago de gratificaciones. Esto ni siquiera es proporcional en los instrumentos que hoy establece la ley y no nos ayuda a aspirar a ser una sociedad más justa”, comentó el dirigente.

De hecho, los sueldos de los trabajadores del retail, sin contar altos ejecutivos y gerentes, fluctúan entre el mínimo de 182 mil pesos para los que tienen remuneraciones fijas y los 300 mil para los que trabajan comisión. Es decir, un vendedor recibe cerca del 0,0003 por ciento de las utilidades de un holding como Cencosud.

Y aunque algunas leyes como la de la semana corrida han intentado subsanar esta situación, para compensar la merma las firmas decidieron disminuir las comisiones.

A juicio del investigador de la fundación SOL, Marco Kremerman, estas diferencias se explican porque en Chile no existen mecanismos de transmisión de las utilidades vía sueldo base, repartición de las utilidades o bonos.

Pero además porque en este sector existe una alta flexibilidad y, pese a ser un los rubros que supera el promedio de sindicalización del país, los procesos de negociación colectiva están tan debilitados que no sirven como vía para emparejar la cancha.

“Se requieren reformas sustanciales a las leyes laborales que no se han hecho en toda la historia del país y con mayor razón a partir del Plan Laboral de 1979 a la fecha. Ese es uno de los corazones del por qué tenemos un nivel de desigualdad tan alto. Esto no se da sólo porque hay personas que no tienen trabajo, sino porque los puestos laborales son de muy baja calidad. No existen derechos colectivos ni organizaciones que enfrenten a las empresas para que puedan transmitir mayor estabilidad, menos rotación, menos subcontratación, mejores salarios y mayor participación en las utilidades”, afirmó.

Kremerman agregó que “aquí hay una disyuntiva entre la rentabilidad que quiero tener y los costos. Si quiero generar una rentabilidad de mil y para eso tengo que pagar salarios bajos lo voy a hacer, siempre y cuando la competencia no pague salarios superiores y los empleados no se vayan para el lado. En la medida en que todas las empresas funcionan de igual forma, el mercado termina siendo una especie de disposición colectiva de los empresarios para pagar”.

Este tipo de inequidades no son exclusivas de la industria del retail. En la minería, por ejemplo, el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas también es mínimo. Las empresas de la Gran Minería tienen otras vías para compensar a sus trabajadores, sin embargo, en el retail, los más grandes son los que entregan los sueldos más pequeños.

El Sistema de AFPs chileno es inmoral. Debe ser modificado estructuralmente, ahora, pues nos depara pensiones miserables

La Asociación de AFP presidida por Guillermo Arthur, quien además es Fiscal de la Cía. De Seguros de Vida Santander y director del Banco Santander Chile, han planteado aumentar la edad de jubilación y las cotizaciones que mensualmente efectúan los trabajadores chilenos, con una desfachatez y sin justificación alguna.

En Europa se han aumentado las edades para jubilar; pero, en esos países, los sistemas son de reparto, tripartitos y solidarios, son sistemas de seguridad social públicos y no privados. En algunos países de la Zona Euro mensualmente los trabajadores aportan cerca del 5% y los empleadores en promedio un 23% y, el Estado, aporta anualmente un porcentaje de ese promedio. Esos sistemas, además, cubren las pensiones, la salud y los accidentes laborales y al final, los trabajadores obtienen pensiones decentes.

En Chile ni los empleadores ni el Estado coloca un peso. Pagamos un 10% y las AFPs. Nos cobran casi un 25% por administrar. Con esos recursos sus directores se pagan millonarias remuneraciones.

Solo el 2008, el fondo de pensiones sufrió una pérdida de más de US$28.000 millones y este año supera los US$2.000 millones. Se explican por el carácter del sistema, es decir, por la especulación a la que son sometidos nuestros ahorros y por las malas inversiones de estos administradores. Sólo en el caso de La Polar perdimos cerca de US$1.900 millones. Recientemente y a pesar de que todos sabían que la Sudamericana de Vapores tenía problemas, las AFP siguieron especulando en ella.

La falta de transparencia de este sistema es única. Los trabajadores, verdaderos dueños de los fondos no tienen representantes en el directorio. Es el único sistema en el mundo en que cobran un alto costo por administrar nuestros recursos y generarnos pérdidas. Los trabajadores con ingresos inferiores a los $500 mil mensuales y que representan más del 70% de todos los trabajadores chilenos, y que coticen regularmente por al menos 25 años, al final de su período deberán optar a las pensiones asistenciales del Estado.

De allí que se haga urgente y necesario colocar este tema como uno de los fundamentales en el país. Ya se abordó el tema de la educación, corresponde el turno a la salud y a las AFPs, temas de igual gravedad, pues el lucro como parte de un sistema que todo lo obtiene sobre el empobrecimiento de las grandes mayorías, no puede continuar aceptándose.

Poner fin a este sistema de Ahorro Forzoso de AFP es una tarea urgente. Como este sistema se funda en la especulación y en el lucro, llamamos transitoriamente a todos los trabajadores a refugiarse en el Fondo E. Así, evitaremos que continúe la caída de nuestros ahorros; pero, lo más importante, impedirás o al menos limitarás, a estos especuladores para que continúen abusando con nuestros fondos previsionales.

CONFEDERACIÓN BANCARIA
Agustinas 814 oficina 606 · Santiago, Chile
Teléfono: 56-2-481 61 22 · Fax: 56-2-481 61 23
confederacionbancaria@gmail.com
http://www.bancariachile.cl